EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA. PERIODO 1830 – 2012

Las opiniones expresadas en el siguiente documento son de la exclusiva responsabilidad de sus autores, no representando necesariamente la opinión del editor y propietario de este blog.

Ensayo elaborado por:

Víctor Catillo, Juan Malavé, Bianca Blanco, Cesar Requena, Nilda Nieto, Perla Silva, Ninoska González y Danny Aruzton.

RESUMEN

Este ensayo tiene como finalidad analizar la evolución de la economía venezolana, durante el periodo 1830 – 2012, no con fines exhaustivos pues es poca la extensión que éste pudiera llevar, pero si de manera aproximativa. El mismo estuvo basado en la consulta de fuentes documentales, abordando cómo era la economía durante el siglo XIX y luego, a partir de la explotación petrolera y el rentismo que ha caracterizado a la nación. Luego el impacto que ello ha tenido en la economía nacional y como esto dio origen a lo que hoy se denomina revolución chavista o socialismo del siglo XXI.

Palabras Claves: Economía, Evolución, Venezuela.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the evolution of the Venezuelan economy during the period 1830 - 2012, not exhaustive purposes since there is limited extent that it could carry, but approximately. The same was based on consultation of documentary sources, addressing how was the economy during the nineteenth century and then , from oil exploitation and profiteering that has characterized the nation. Then the impact this has had on the national economy and how this led to what is now called Chavez revolution and socialism of the XXI century.

Keywords : Economy, Evolution, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

            La realidad económica de Venezuela ha estado signada por diversas etapas, a lo largo de su devenir histórico; en tal sentido, el país ha atravesado periodos tanto de crecimiento económico, como de decrecimiento que han incidido de manera tanto positiva como negativa en la economía nacional.

            En este orden de ideas, el presente ensayo tiene la finalidad de ofrecer una visión de la evolución económica de Venezuela desde 1830 hasta la actualidad, tomando en cuenta los aportes efectuados por diversos autores vinculados con el tema en estudio. Este contribuye con la clarificación de la realidad actual y de la posibilidad de garantizar el entendimiento de los aspectos más significativos que caracterizan a la nación en materia económica.

            Como metodología para el desarrollo del artículo se ha dividido en períodos o etapas para ubicar los aspectos claves de esta etapa. En torno a ello, se han consultado diversas fuentes documentales, cuyo tratamiento ha sido estructurado según su aporte para organizar el presente.

LA ECONOMÍA VENEZOLANA A PARTIR DEL SIGLO XIX

Para Flores (2012), a comienzos del siglo XIX Venezuela importaba más de 35 millones de francos. Más de cuatro quintos de esa suma correspondía a productos europeos. Aparte de productos como el cacao, el algodón, el café y el tabaco, de Venezuela se exportaban cueros curtidos en Carora, hamacas de Margarita y cobijas de algodón de El Tocuyo. Estos productos apenas cubrían el mercado interno. Humboldt consideraba las ciudades y pueblos en el Valle de Aragua - al este y oeste del lago de Tacarigua como tan prósperos o más que los pueblos del Rin o de los Países Bajos, que tenían un alto nivel para Europa. La riqueza de estas regiones se debían ante todo al cultivo de índigo, añil y algodón, pero también al café y al cacao.

La independencia no significó que la colonialidad del poder dejase de ser el principal patrón ordenador de las relaciones sociales y culturales en las flamantes repúblicas criollas. Ocurrió todo lo contrario, pues la colonialidad fue el mecanismo ordenador de las relaciones entre las flamantes naciones y sus mayoritarias poblaciones indígenas, las cuales fueron condenadas a la paradójica situación de seguir siendo habitantes de segundo orden en sus propias tierras.

Los intentos iniciales de Bolívar por convertir a los indios en propietarios y ciudadanos individuales, desvinculándolos de sus corporaciones étnicas y comunitarias, fueron utilizados en su favor por las élites dominantes, que a lo largo del siglo XIX expandieron los territorios de sus haciendas a costa de las tierras comunitarias indígenas. Por obra y gracia de las leyes liberales, los indios fueron convertidos en ciudadanos de segunda categoría, sin derecho al voto pero con la obligación de seguir pagando el tributo colonial. El estado republicano como antes el estado colonial, resultó ineficaz en sus intentos de proteger a los indios mediante leyes y decretos que siempre fueron letra muerta.

Flores (2012), considera que los principales productos que se exportaban entre 1880-1914 eran el cacao y el café, Venezuela dependía de muy pocos productos de exportación.A inicios del siglo XIX, la producción y venta de café en granos superó en gran medida la producción y venta del cacao. Así pues, el café se proyectó en ese momento como el principal producto de exportación.A finales del siglo XIX, seguía siendo uno de los principales países exportadores de café. A partir de 1881 ocupó el segundo lugar como país productor de café en el mundo. Sin embargo, el descenso del precio del café y la inestabilidad política interna produjeron un crecimiento negativo en los años noventa del siglo XIX y en la primera década del siglo XX. Más adelante se recuperó el crecimiento, pero surgieron problemas para encontrar tierras cultivables y mano de obra.

Los principales socios comerciales en el siglo XX, eran los siguientes países: Países Bajos, Francia, Estados Unidos. De ese modo, los productos que exportaba Venezuela a sus socios comerciales eran mayoritariamente café y cacao como se ha citado con anterioridad.En lo que respecta a los Países Bajos, comenzó exportando un 14, 06% en 1903, hasta obtener unas exportaciones de únicamente un 3,32% en 1918. Por otro lado, respecto a Francia, el porcentaje de exportaciones tanto de cacao como de café eran muy elevadas, ya que en 1903 era de 35,15%. Se debe destacar que en 1913, las exportaciones fueron casi de un 40%, por lo que podemos concluir que Francia era uno de los socios comerciales más destacados. EEUU también fue a lo largo de ese periodo uno de los socios comerciales más importantes, sobre todo en 1905, con un porcentaje casi del 85%.

No fue hasta 1908, con la llegada al poder de Juan Vicente Gómez, quien se mantuvo al frente del gobierno hasta su muerte en 1935, que empezó a lograrse la suficiente estabilidad política para explorar las posibilidades del petróleo venezolano. En 1912, las compañías petroleras invirtieron US$44 millones (el total de la exportación venezolana en ese año ascendió a sólo US$25 millones). El primer yacimiento entró en fase de producción en 1917. El petróleo pasó de constituir el 2% de la exportación en 1920 al 47% en 1925 y al 85% en 1930.En los años treinta, como era de esperar, la participación del café y el cacao había descendido incluso en términos absolutos. Por lo tanto, el principal producto exportador es el petróleo, le siguen productos derivados y por último el café.Los principales países que reciben petróleo son Alemania, Francia, y Estados Unidos. La mayor parte de las exportaciones van a Estados Unidos.

Aunque se puede ver que a lo largo del periodo van cambiando los socios comerciales. En un primer momento el principal socio comercial era Francia importando más del 35% de las exportaciones. Pero a partir de 1904 y ya hasta final del periodo será Estados Unidos el principal socio comercial de petróleo, aumentando sus exportaciones a medida que avanzamos en el periodo, hasta alcanzar el 50% del total de las exportaciones de Venezuela.

EL RENTISMO PETROLERO VENEZOLANO

Venezuela, en referencia a los planteamientos hechos por Azpurua (2010), ha sido una nación netamente productora de bienes primarios, es decir, los extraídos de la madre tierra, en un principio de la agricultura y ya para el siglo XX, los provenientes de la explotación del petróleo. Y como lo refiere Medida (2012), ha sido dependiente de estos, y para el siglo XX se convierte en una nación que dependía de la renta petrolera.

            En torno a la Venezuela rentista, Sabino (1999), plantea que el país es uno de los más importantes productores de petróleo del mundo. Desde comienzos del siglo XX se ha mantenido entre los principales exportadores del planeta y el nivel de sus reservas hace suponer que continuará por mucho tiempo en los primeros lugares de esa lista. El petróleo, a diferencia de otros productos primarios de exportación, se ha caracterizado siempre por su elevada demanda y su alto precio en las transacciones internacionales, otorgando así a quienes lo poseen una situación muy favorable en el mercado.

Este mismo autor refiere que en América Latina, y Venezuela en eso no es una excepción, los productos del subsuelo pertenecen por ley a la nación y no a los particulares que poseen las tierras donde se encuentran los yacimientos, según la legislación vigente heredada desde la época de la colonia. Esta circunstancia creó, a poco de iniciada la explotación de los recursos petroleros, una peculiar asimetría entre el estado y la sociedad civil que tendría consecuencias, verdaderamente,  de muy largo alcance.

            Venezuela, en aquel tiempo, era un país rural y pobre, de los menos desarrollados de Latinoamérica. Sus agentes económicos no poseían ni la tecnología, ni el capital capaces de generar una producción de envergadura y, por lo tanto, de pagar elevados impuestos. Pero el estado sí podía recibir ingresos cada vez mayores bajo la forma de regalías y derechos de concesión por la explotación petrolera, que crecía a un ritmo muy veloz debido a la incesante expansión de la demanda mundial. Por eso el estado, a efectos prácticos, quedó liberado de la necesidad de recurrir a la presión impositiva sobre los particulares para obtener sus ingresos, ya que los conseguía en abundancia de las concesionarias petroleras que trabajaban en el país.

Según Sabino (1999), los gobiernos pudieron así independizarse en gran medida de la marcha de la economía interior y esta relativa independencia los hizo entonces menos responsables ante sus ciudadanos, situándose en un papel más similar al de un rentista que recibe ingresos derivados de un recurso que controla que al de una institución política que debe negociar y recaudar, año a año, lo que recibirá de los contribuyentes.

El estado, en tales circunstancias, comenzó a crecer, asumiendo un papel cada vez más importante en la economía y en la vida social. Controlarlo significaba poseer la llave para realizar las políticas que se quisiesen, sin enojosas limitaciones, y para intervenir casi como "desde afuera" sobre las actividades del país. Los recursos eran cuantiosos y muchas, sin duda, las necesidades de la población: por eso, superando vicisitudes políticas y luchas ideológicas que no es del caso relatar aquí, en Venezuela se desenvolvió un rápido proceso de modernización que se inició en 1936, cuando acabó la dictadura de Juan V. Gómez, y continuó ininterrumpidamente hasta bien entrados los años setenta. En pocas décadas el país se urbanizó intensamente, se edificó un sistema de educación pública casi desde la nada, se desarrollaron efectivas acciones de saneamiento ambiental, se creó una infraestructura de comunicaciones, transporte y servicios públicos que, a pesar de sus limitaciones, resultaba impresionante si tomamos en cuenta los puntos de partida y la velocidad con la que, históricamente hablando, se produjeron estos cambios.

            Con una población que cada vez recibía mayores ingresos reales, con un crecimiento económico sostenido y, a partir de 1958, con un sistema democrático que se consolidó a través de pactos interpartidarios y de las enormes transferencias que desde el gobierno se hacían a la población, Venezuela parecía destinada a integrar, hace unas tres décadas, el selecto grupo de las naciones desarrolladas del planeta. Poco después, sin embargo, y justo en el momento en que los precios petroleros subían dramáticamente en el mercado mundial, comenzaron a percibirse las debilidades del proceso de modernización que en estas líneas estamos esbozando.

            La economía venezolana, especialmente a partir de los años cincuenta, adoptó todas las prácticas intervencionistas a las que hemos tenido oportunidad de referirnos en los capítulos 2 y 3. Se establecieron altos aranceles, se trató de fomentar, con amplios recursos financieros, una industria nacional que sustituyera gran variedad de productos importados, se restringió la entrada de los particulares a muchos mercados y, gradualmente, se fue adoptando un tipo de legislación cada vez más intervencionista. Las finanzas públicas, sin embargo, funcionaban óptimamente: con los ingentes ingresos petroleros los gobiernos no incurrían en déficits dignos de mención mientras que la moneda, con la inyección constante de los dólares petroleros, mantenía una estabilidad envidiable. La inflación y el endeudamiento externo eran prácticamente desconocidos en el país. La industria y la agricultura crecían, a pesar de sus manifiestas ineficiencias, porque las altas barreras proteccionistas impedían que una moneda local fuerte permitiese a los ciudadanos adquirir los bienes importados que, de otro modo, les hubiesen resultado increíblemente baratos.

            En suma, como lo plantea Sabino (1999), el modelo intervencionista parecía funcionar bastante bien en el caso de un país petrolero cuyos gobiernos recibían regularmente grandes sumas que se incorporaban a su presupuesto general. Los defectos del sistema permanecían encubiertos por esta circunstancia, en tanto el país continuaba con su alto crecimiento y su acelerada modernización. Pero esos defectos existían, se hallaban por así decir latentes, y sólo hubo que esperar algunos años para que se pudiesen manifestar con toda su devastadora intensidad.

Por otro lado, parafraseando a autores como Sabino (2012), Azpurua (2010) y Fronjosa (2010), el embargo petrolero árabe que siguió a la guerra árabe-israelí de 1973 elevó los precios de los hidrocarburos de una manera brusca y casi increíble: el barril de crudo, que se cotizara durante muchos años a un valor que oscilaba alrededor de los dos dólares pasó en pocos meses a costar 11 dólares. Los ingresos públicos venezolanos se cuadruplicaron, por ese motivo, en 1974, y el estado se vio de pronto con una descomunal masa de recursos a los que en principio no se sabía bien qué destino dar. Carlos Andrés Pérez, elegido presidente en diciembre de 1973, comenzó así su gobierno en circunstancias que poco suelen darse en los anales de la historia: con un considerable exceso de recursos que, de un modo u otro, tendría que utilizar.

El papel del estado en la economía venezolana creció así rápidamente, de tal modo que al final de este gobierno existían ya nada menos que 137 empresas del estado, 71 mixtas o de participación estatal y 48 Institutos Autónomos.  El sector público se había hecho cargo de lo que se consideraban industrias "estratégicas", petróleo, hierro, aluminio, hierro, electricidad, pero también de otras ramas menos convencionales, como la producción de azúcar, la gerencia de hoteles o el acopio de productos agrícolas.

            En materia social, y como modo de hacer llegar la riqueza petrolera a todos los habitantes, los sueldos y salarios fueron aumentados por decreto y Pérez decidió combatir la inflación, que se había presentado en el país por primera vez en muchos años y alcanzaba ahora cifras cercanas al 10% anual, mediante el recurso clásico del intervencionismo: el control de precios. El desempleo, muy bajo en todo caso, fue enfrentado mediante otras típicas medidas estatistas, como la creación de cargos por decreto en la industria privada y la ampliación del empleo público.

Los resultados de estas políticas fueron en algunos casos muy pobres y en otros directamente contraproducentes. El comportamiento global de la economía no fue bueno, pues el PTB [En Venezuela, por la fuerte dependencia de la actividad petrolera, las estadísticas del Banco Central suelen referirse usualmente al PTB (producto territorial bruto) más que al PIB (producto interno bruto).] no experimentó ninguna mejoría sustancial después del alza petrolera y, en los años siguientes, manifestó un movimiento errático que finalmente se hizo francamente descendente: aún a precios corrientes el PTB per cápita subió sólo un 2,2% entre 1974 y 1983, un aumento que se convierte en una clara pérdida si consideramos que en ese período la inflación acumulada fue de un 155%. El empobrecimiento de Venezuela había comenzado.

            Por otra parte, refiere Pérez (2011), el crecimiento de los sistemas de salud y educación, orgullos del régimen democrático, se estancó por completo, empezando a mostrar fallas indicativas de una ineficiencia creciente. La industria, protegida con una red de aranceles y medidas para-arancelarias cada vez más extensa, perdió dinamismo, en un cuadro en que la inversión privada dejaba de crecer y comenzaba a estancarse, suplantándose por la inversión pública. Pero ésta, como lo plantea Sabino (1999), concentrada en sus proyectos "estratégicos" de desarrollo, abandonó en gran parte las acciones de rutina en cuanto a creación de infraestructura y mantenimiento, provocando que el país entrase en un largo período de estancamiento en cuanto a transporte, comunicaciones y otras obras básicas.

El gobierno de Pérez, beneficiado por unos ingresos externos descomunales para entonces, llegó así a su final cosechando pocos éxitos. Con una economía que en realidad no crecía, con un endeudamiento externo que por primera vez aumentaba en forma desproporcionada, alimentado, precisamente, por los ambiciosos proyectos desarrollistas que acabamos de mencionar, con una inflación desconocida hasta entonces y que la pérdida de independencia del Banco Central de Venezuela impedía controlar, el halagüeño panorama de 1974 se había convertido en un paisaje bastante sombrío y preocupante. No extrañará entonces que, en las elecciones de fines de 1979, triunfase el candidato de la oposición, el dirigente del partido socialcristiano COPEI Luis Herrera Campíns.

Para Sanoja (2010), el nuevo presidente, comprendiendo la magnitud de los problemas de Venezuela, comenzó su gestión tratando de corregir algunas de las políticas más negativas de su predecesor. Trató de imponer un mayor control sobre las cuentas del fisco, de evitar mayores endeudamientos y de liberalizar  algunos aspectos de la economía nacional. Las nuevas circunstancias del mercado petrolero mundial y una opinión pública demasiado acostumbrada al papel rector y promotor del estado en la economía, como generador de empleo y de crecimiento, impidieron sin embargo que se efectuase cualquier tipo de reorientación importante de la política económica.

En efecto, como resultado de la sangrienta guerra entre Irak e Irán la oferta de petróleo se vio afectada, provocando un verdadero pánico entre los compradores que hizo subir nuevamente el precio del barril de crudo. Este llegó a costar, en ciertos momentos, casi cuarenta dólares, con lo que Venezuela o, para hablar con mayor precisión, su gobierno, se vio otra vez inundada de recursos financieros. A partir de ese momento, y alentado por un mercado de préstamos sumamente favorable, el endeudamiento de Venezuela creció de un modo realmente descontrolado.

Los problemas aparecieron hacia el final del mandato de Luis Herrera, cuando los precios petroleros cesaron de subir y estalló la crisis mexicana de la deuda. La venezolana comenzó en el sector cambiario y fue alentada por una medida que sin duda la precipitó de un modo casi suicida: preocupado por combatir la inflación, que había llegado en 1981 al 16,6%, y atendiendo más a los efectos que a las causas, el gobierno mantuvo los intereses en un valor muy por debajo de la inflación, tratando así de que salieran capitales del país y existiera menor liquidez en el sistema financiero local.

Para Sabino (1999), como existía plena libertad al movimiento de capitales, y como los intereses en los Estados Unidos estaban varios puntos más altos que los de Venezuela en términos reales, muchos inversionistas y ahorristas comenzaron a trasladar sus fondos al país del norte. La inflación resultó menor en 1982, pero las reservas internacionales también comenzaron a reducirse peligrosamente. Esto sucedió básicamente por dos razones: por una parte, porque los pagos por servicio de la deuda que, cada vez a más cortos plazos, contraían las diversas dependencias del estado venezolano, empezaron a acumularse de un modo inmanejable y, por otra parte, porque la fuga de capitales ya mencionada se hizo muy pronunciada a comienzos de 1983, dado que muchos ya conocían la débil posición financiera del gobierno y pensaban que pronto podría producirse una situación similar a la de México.

El viernes 17 de febrero de 1983, bautizado enseguida como el viernes negro, tuvieron que cerrarse los mercados bancarios para evitar una corrida contra el bolívar que ya el BCV no estaba en condiciones de resistir. Su presidente, en las febriles reuniones que se sucedieron, sostuvo con energía la necesidad –bastante obvia, en verdad– de devaluar la moneda. Pero 1983 era un año electoral y el gobierno, bajo fuerte presión de COPEI y de su candidato, Rafael Caldera, trató de evitar a toda costa el repunte brusco de los precios que hubiese significado una depreciación del bolívar. Por ello se decidió por la peor alternativa, un sistema de cambios diferenciales que protegería el costo de las importaciones "esenciales" y que pondría un precio mayor para el dólar de otras transacciones. Se había creado RECADI, Régimen de Cambios Diferenciales, con la oficina correspondiente para administrar la compleja normativa que se iría generando a su alrededor.

De nada sirvió este artificio económico al partido de gobierno. Algunos meses después el candidato de AD, Jaime Lusinchi, derrotaría en forma aplastante al abanderado de COPEI, el líder histórico de esa agrupación Rafael Caldera. Pero el impacto de RECADI, si bien poco apreciable en lo político, resultó sencillamente devastador sobre la economía y hasta la moral pública de Venezuela. La existencia de varios precios para un mismo producto, la moneda extranjera en este caso, definidos sobre la base de decisiones ejecutivas, distorsionó por completo la asignación general de recursos e introdujo un elemento de completa arbitrariedad política sobre la actividad económica. Miles de productos, cuyos precios debieron ser fijados por la autoridad política, pasaron a quedar fuertemente subsidiados a través del diferencial cambiario, en tanto que otros permanecían sin subsidios. La presión por entrar en la lista de los renglones que recibían dólares artificialmente baratos creció ante cada revisión del decreto cambiario y una pugna por conseguir estas divisas preferenciales se extendió por todo el aparato económico.

Pero lo peor de RECADI tuvo relación directa con el estímulo a la corrupción que el control de cambios produjo. Con el inmenso poder de otorgar o denegar divisas a quienes las solicitaran, los funcionarios tuvieron en sus manos una herramienta para enriquecerse de un día para otro y para atemorizar, a veces siguiendo directivas políticas, a quienes resolvían perjudicar o pretendían controlar.

La imposibilidad de mantener el precio de la moneda, que obligó a varias devaluaciones, el elevado gasto fiscal, la incapacidad del gobierno para obtener un buen refinanciamiento de su deuda y las presiones sociales que nunca amainaron durante el período, hicieron que la administración de Jaime Lusinchi perdiera además el control sobre la inflación. Esta creció y se mantuvo en niveles nunca vistos hasta entonces, haciendo retroceder los salarios reales de un modo impresionante (pues no existían mecanismos de compensación previamente acordados) y provocando, con ello, un aumento significativo de las personas que encontraban debajo de la denominada "línea de la pobreza". A continuación algunos indicadores de la economía nacional.

Cuadro 1

Evolución de algunos indicadores de la economía venezolana, 1981-1988

Años	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
PIB per cápita (1981 = 100)	100.0	97.6	89.4	87.4	85.5	88.5	89.2	91.8
Tasa de desempleo abierto	6.3	7.1	10.2	13.4	12.1	10.3	8.5	6.9
Salarios reales promedio (1981=100)	100.0	89.5	86.7	90.0	88.7	82.3	79.2	75.3
Hogares bajo la línea de pobreza (%)	18	-	-	-	25	-	32	41

Fuentes: Sabino, C. (1999).

A pesar de esta delicada situación, el gobierno de Lusinchi no enfrentó mayor oposición durante su mandato. Hubo, en verdad, cierta lucha sindical para mantener los salarios al ritmo de la inflación, pero en ningún caso puede hablarse de un malestar social generalizado o de que el sistema político se acercara a la inestabilidad. Los analistas suelen atribuir esta respuesta paradójica de la opinión pública a la efectiva labor publicitaria del gobierno, al control político que éste logró ejercer sobre los principales factores de opinión y al hecho de que RECADI mantuvo al menos una cierta apariencia de estabilidad sobre los precios. A estas razones debiera agregarse la relativa recuperación que tuvo el país, como se aprecia en el cuadro 1, a partir de 1987.

            Por otro lado, haciendo mención a Sanoja (2010),  y a Sabino (1999), Carlos Andrés Pérez se había rodeado de un equipo de jóvenes tecnócratas que tenía una idea bastante clara del abismo en que se encontraba Venezuela. Dispuesto a cortar por lo sano con una política que se encaminaba hacia el desastre, su equipo, encabezado por Miguel Rodríguez, elaboró un "paquete de medidas" destinado a inaugurar una nueva política económica, el Gran Viraje, estableciendo además fructíferas relaciones con el FMI y otros organismos internacionales que podían ayudar a Venezuela durante las dificultades iniciales de su aplicación. La situación del país recomendaba drásticas acciones: el déficit fiscal había llegado al 8% del PTB, las divisas efectivamente disponibles alcanzaban apenas a $ 300 millones (contra $ 10.000 de unos años atrás), las tasas de interés reales negativas impedían el ahorro interno y estimulaban la fuga de divisas, mientras que los compromisos de la deuda –ya renegociada– resultaban casi imposibles de satisfacer.

            El propio Pérez anunció el 16 de febrero de 1989, en un histórico discurso, el conjunto de medidas que aplicaría en su gestión. El paquete incluía la libre flotación de la moneda, con la consiguiente eliminación del control de cambios y del nefasto RECADI, la liberación de los precios y de las tasas de interés (salvo para un reducido conjunto de artículos de primera necesidad), la elevación del precio de la gasolina y de ciertos servicios públicos, la disminución sustancial de los aranceles y un programa social de subsidios directos a entregar a las familias en condiciones de pobreza.

            Se trataba de un ajuste fiscal bastante bien equilibrado, en el que sobresalían como notas positivas la liberación cambiaria y la reducción de los aranceles, pero que no tenía como intención abandonar el estatismo propio de la política económica venezolana. La idea era más bien reordenar las cuentas públicas para permitir que otra vez el estado asumiera su rol keynesiano de promotor del desarrollo, mientras se buscaba mantener un tipo de cambio alto, capaz de estimular las exportaciones no tradicionales y de quebrar la dependencia nacional con el petróleo.

El 27 de febrero, cuando el transporte urbano comenzó a cobrar nuevas tarifas, preparándose para el aumento de la gasolina del día 1 de marzo, estallaron disturbios en la localidad suburbana de Guarenas. Las manifestaciones de protesta se extendieron con una velocidad inusitada, ante cierta complacencia de los medios de comunicación que parecían justificarlas y la parálisis total del gobierno, que no atinaba a responder ante una situación imprevista que hora tras hora se tornaba más difícil.

Según Sabino (1999), el caos y la anarquía se apoderaron del país. No fue sino hasta la tarde del día siguiente que el gobierno se dirigió a la población, exhortando a terminar con los saqueos y decretando un aumento general de sueldos y un toque de queda general a partir del atardecer. Esa misma noche el ejército intervino y comenzó una represión que dejaría un saldo indeterminado de víctimas, muy superior de seguro a la cifra oficial de 300 muertos.

La inusitada violencia del 27F, sin parangón prácticamente en la historia contemporánea de América Latina, expresaba "el deterioro acumulado de las condiciones de vida de la población", una sensación de frustración ante todo el sistema político y una profunda desconfianza ante un liderazgo del país.

No obstante, estas muy negativas circunstancias el ajuste de Pérez pudo mostrar enseguida algunos resultados dignos de consideración. Es cierto que la liberación de precios artificialmente congelados y la amplia devaluación que siguió a la eliminación del control de cambios impulsaron la inflación hasta alturas nunca vistas en el país, superando en 1989 el 80%, y que el producto económico descendió ese mismo año en la apreciable cifra de 7,8%. Pero ya al año siguiente, impulsada en parte por el aumento de los precios petroleros que trajo la invasión iraquí a Kuwait y la Guerra del Golfo,  la economía venezolana mostró signos evidentes de recuperación. La inflación descendió, aunque nunca a menos del 30% anual, y el PTB creció en 7%, 9,7% y 6,1% entre 1990 y 1992. También los salarios reales y la proporción de población en situación de pobreza, después del shock inicial, mostraron gradualmente un comportamiento más positivo en esos años.

El programa de ajustes, hacia fines de 1991, parecía en principio estar funcionando razonablemente bien. La drástica disminución de aranceles, por ejemplo, había logrado estimular muy positivamente a la economía sin provocar las quiebras masivas y el desempleo que muchos habían pronosticado al comienzo. Esto sucedía, es cierto, porque un tipo de cambio alto ofrecía una protección indirecta a las ineficientes industria y agricultura locales, pero en todo caso permitía que las empresas nacionales gozaran de un período de adaptación antes de entrar de lleno en la competencia internacional. Las privatizaciones, aunque pocas, daban señales alentadoras a los mercados, en especial cuando se vendieron dos grandes empresas, VIASA (línea aérea bandera nacional) y CANTV (teléfonos). Las reservas internacionales habían restablecido su nivel y la liberación de las tasas de interés evitaba la fuga de divisas tan extendida en los últimos años. La eliminación de varios subsidios indirectos había contribuido, por otra parte, a la disminución casi total de los déficits fiscales.

Pero a este respecto, y para evitar confusiones, conviene hacer un breve comentario referente a las peculiaridades de Venezuela como país petrolero.Es preciso destacar la contribución que ha realizado Emeterio Gómez, en diferentes publicaciones, explicando por qué en Venezuela existe inflación a pesar de que puedan no existir déficits fiscales. Dado que los ingresos de la industria nacionalizada llegan directamente al estado, vía impuestos o regalías, el Banco Central de Venezuela es el principal tenedor de dólares del país y, por lo tanto, su principal oferente. Simplemente para dar una idea al lector, puede decirse que aproximadamente entre el 75 y 90% de los ingresos por exportaciones han derivado, en las últimas décadas, de las ventas de hidrocarburos, y que el total recibido por el BCV raramente ha sido menor que $ 10.000 millones anuales, llegando en varios años a casi el doble de esa cifra.

Refiere Pérez (2011), que esta circunstancia provoca, naturalmente, la existencia de un mercado muy asimétrico, donde el gobierno, a través del BCV, puede manipular casi a su antojo el tipo de cambio pues controla mayor parte de la oferta de divisas. Si a esta circunstancia añadimos la escasa autonomía que de hecho ha tenido el BCV a partir de mediados de los setenta encontraremos la clave de una situación que parece paradójica y que distingue a Venezuela del resto de las naciones latinoamericanas. En Venezuela puede haber una fuerte inflación, y de hecho la hay, en ausencia de déficits fiscales y, aún, en presencia de superávits en las cuentas públicas. El gobierno no emite "dinero inorgánico" para compensar sus déficits, como en otras latitudes: simplemente devalúa la moneda y obtiene más bolívares por la misma cantidad de dólares.

Las constantes devaluaciones, por cierto, provocan una inflación crónica, que parece tener un "piso" del 30% anual, y mantienen la apariencia de unas cuentas fiscales casi en equilibrio, pero son el síntoma en realidad de un sector público hipertrofiado que no puede recaudar, por medio de impuestos internos, las sumas que gasta año tras año. Cabe mencionar en este punto no sólo porque muestra la atipicidad del caso venezolano sino porque además nos sirve para poner de relieve dos puntos esenciales. El primero es que el paquete de Pérez, lo mismo que el de 1996, no logró corregir uno de los elementos esenciales de todo ajuste: el desbalance en las cuentas fiscales. El otro punto a destacar es que las reformas de 1989-92 no alcanzaron nunca una de las metas principales que se propusieron los países latinoamericanos que reformaron sus economías.

            La población en general no llegó a percibir el mejoramiento de la economía que se produjo a partir de 1990, en parte porque éste hizo poco más que compensar pérdidas anteriores y en parte porque la inflación creó una sensación de inseguridad que minimizó los logros obtenidos. En ese contexto inflacionario surgieron naturalmente constantes huelgas y protestas, se amplió el malestar social y se crearon las condiciones para que los enemigos del ajuste desplegaran todo su arsenal de acciones desestabilizadoras. La más dramática de todas ellas, la que puso realmente un fin a todo intento modernizador, fue el golpe de estado frustrado que el Teniente Coronel Hugo Chávez encabezó el 4 de febrero de 1992.

            El golpe no contó con el apoyo de la mayoría de los mandos militares y, desde el punto de vista táctico, fue apenas una escaramuza mal organizada que no logró sus objetivos de derribar al gobierno o matar al presidente. Lo grave, lo políticamente importante, fue la reacción popular ante la intentona. Una corriente de apoyo inesperada surgió de todos los rincones del país, solidarizándose más o menos abiertamente con los golpistas, en una oposición frontal a un sistema democrático que se percibía como secuestrado por la acción de camarillas o "cogollos" dirigentes y envuelto en una corrupción gigantesca a la que se hacía responsable –sin mayor análisis, de todas las dificultades económicas atravesadas por el país. Rafael Caldera, el líder fundador del partido socialcristiano COPEI y ex-presidente de 1969 a 1974, aprovechó esta circunstancia para justificar implícitamente a los golpistas y distanciarse de la conducción de su partido, en un audaz gambito político que le daría nuevamente, antes de dos años, la presidencia de la república.

De nada sirvieron algunas medidas políticas que tomó para restablecer una plataforma que asegurara la viabilidad de su gobierno: el 27 de noviembre de ese mismo año hubo otro conato de golpe, mucho más amplio y sangriento, y al año siguiente el presidente fue acusado formalmente de corrupción –sobre la base de un caso en verdad bastante débil. Finalmente la Corte Suprema de Justicia, el 20 de mayo de 1993, decidió suspenderlo en sus funciones para dar curso a un juicio por peculado y malversación de fondos públicos. El intento de cambio económico había fracasado irremisiblemente y una reacción conservadora, que aglutinaba desde algunas figuras llamadas "los notables" hasta la ultraizquierda, dominaba la opinión pública del país.

EL ENFOQUE ECONÓMICO DURANTE EL SIGLO XXI. LA REVOLUCIÓN CHAVISTA

Para Azpurua (2010), las elecciones de diciembre de 1998 dieron la presidencia al ex golpista Hugo Chávez que anunció de inmediato el inicio de una "revolución democrática" destinada a cambiar la constitución, establecer una democracia participativa para devolver el poder al "pueblo" y acabar definitivamente con la corrupción. En consecuencia, y violando disposiciones expresas de la constitución vigente, que databa de 1961,  Chávez convocó a un referéndum para decidir si se nombraba a una Asamblea Constituyente. Ante el resultado afirmativo se realizaron nuevas elecciones para escoger los miembros de dicha asamblea, que quedó casi por completo en control de los partidarios de Chávez. La nueva carta magna, aprobada en referéndum en diciembre de 1999, tiene una barroca e imprecisa redacción que no alcanza a ocultar su fuerte carácter presidencialista, el inmenso papel que se le otorga al estado, no sólo en la economía sino en toda la vida social, y la preponderancia de las fuerzas armadas en las decisiones políticas y del poder central frente a los gobiernos locales.

Después de nuevas elecciones para "relegitimarse", de acuerdo a lo pautado en la nueva constitución, Chávez quedó prácticamente con el poder absoluto en sus manos: los siete procesos electorales consumados entre noviembre de 1998 y diciembre de 2000 le han otorgado un poder sin contrapesos ya que posee el control de la nueva Asamblea Nacional y ha designado, prácticamente a dedo, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría y otros órganos supuestamente independientes del nuevo sistema de instituciones públicas.

Mientras se iba desarrollando este proceso de consolidación política, según Medina (2012), Chávez impuso un estilo autocrático y casi dictatorial de gobierno. Sus frecuentes y extensas apariciones en los medios de comunicación, con sus "cadenas" obligatorias en la televisión, su amistad con Fidel Castro y su apoyo a la Revolución Cubana, sus agresivos ataques contra los partidos políticos, los empresarios, la iglesia y la educación privada, el predominio de los militares en puestos públicos y otras singulares acciones han dado al mandatario venezolano un extraño parecido con los dictadores fascistas de la primera mitad de este siglo. Pero, y también esto es importante tomarlo en cuenta para evaluar equilibradamente su régimen, no por eso podemos afirmar que exista una verdadera dictadura en Venezuela. Se respeta -dentro de los límites usuales en el país- la libertad de expresión, no hay presos políticos ni restricciones a la circulación de las personas, no hay violencia policial o militar que afecte la vida cotidiana de los ciudadanos. El gobierno de Chávez es, en este sentido, y aunque parezca paradójico, menos dictatorial que el de su mismo predecesor, Rafael Caldera.

El gobierno de Chávez comenzó en medio de una recesión, provocada tanto por el descenso en los precios petroleros como por el temor de los inversionistas ante el posible curso que tomaría su gobierno: el PIB cayó cerca del 7% en 1999. Luego subieron los precios del crudo y la economía se reactivó, creciendo alrededor del 3% en el año que acaba de concluir, pero lo hizo mediante el viejo expediente de aumentar el gasto público, fortaleciendo el sector estatal mientras miles de empresas quebraban y aumentaba el desempleo. Chávez volvió a utilizar instrumentos ya descartados de política comercial, como el trasbordo de mercancías en las fronteras y las licencias y cuotas de importación, aunque sólo subió algunos pocos aranceles. Pero sus amenazas sobre la propiedad privada -especialmente de predios rurales- su nacionalismo petrolero y el tono general de su discurso profundizaron la recesión, provocando de hecho una mayor presencia del estado -con inmensos recursos luego del alza de los precios petroleros- ante una empresa privada en retirada, temerosa de invertir y dispuesta más bien a salvar sus capitales en el exterior.

En suma, el gobierno de Chávez no ha derivado en la dictadura militar que algunos temían y menos aún en un despotismo comunista como el que soportan los cubanos, tal vez porque el presidente es un hombre más de palabras que de acción y -seguramente- por el fuerte rechazo de amplios sectores de la sociedad venezolana a estas alternativas. Pero, aún cuando ha controlado en algo la inflación, su gobierno ha sido por completo opuesto a las reformas que tanto necesita Venezuela: la orientación de sus acciones tiene un indudable parecido con la de Acción Democrática en los años sesenta y sólo es viable, en todo caso, con precios petroleros lo suficientemente altos como para proporcionar a su administración una inmensa masa de recursos.

No es fácil prever lo que podrá suceder cuando estos bajen hacia niveles más normales, cuando sus promesas populistas se desgasten y ya no tenga un programa político original que ofrecer: Los datos del último referéndum, realizado en diciembre de 2000, muestran un porcentaje de abstención superior al 80%, indicador claro de su decreciente capacidad de convocatoria. Su gobierno puede quedar así, entonces, como una tentativa populista más, pintoresca pero completamente inútil, o puede acabar en medio de una violencia que en Venezuela parecía haber sido superada para siempre. En todo caso lo único seguro es que el país habrá perdido un tiempo sumamente valioso mientras posterga una vez más las decisiones que tiene que tomar para liberar a su economía de la frustrante tutela del estado.

No hay combate político sin ideas. El que frunza la nariz porque alguien se dedique a pensar es un necio. La pelea en el terreno de las ideas es tan importante como el enfrentamiento de la cotidianeidad oprobiosa que nos atosiga. Ambas batallas hay que darlas en simultáneo, sin tregua en ninguna de las dos, sin pausa para perder el tiempo. Nadie puede decir que, en lo personal, no hago ambas tareas.

Se tiene enfrente una oferta de "socialismo del siglo XXI" y hay que producir una respuesta que he considerado no puede ser otra que "la democracia del siglo XXI". Al respecto hemos creado "La sociedad de las ideas", sin junta directiva, como un intercambio horizontal de pensamiento político, para analizar las fallas que la democracia ha presentado y presenta, para incluso modificar conceptos, para tratar de darle vuelo a un sistema que es el único posible.

Hemos estado pensando sobre "el socialismo del siglo XXI" y llegado a conclusiones que van desde el pensamiento político cubano del siglo XIX marcado por el "destino manifiesto", desde el pensamiento jacobino pasando por la "filosofía del resentimiento" del sociólogo francés Pierre Bourdieu con su "teoría de la violencia simbólica". Por supuesto que nadie ha venido a asistirnos como a las fundaciones norteamericanas ni nadie nos ha dado cobijo como lo tiene "La república de las ideas" de Francia. Es así, vivimos en Venezuela, un país donde pensar es una tontería y un acto banal.

CONSIDERACIONES FINALES

Cabe mencionar que muchas de las políticas económicas han fracasado por la existencia de un sistema clientelista vigente en el país que, potenciado como nunca por el control de cambios, colocó a cada sector de la sociedad como competidor de los restantes en la búsqueda incesante de los favores del estado. Además, después del viernes negro, no comprendieron la magnitud de la crisis que había golpeado al país y por ello aceptaron, sin cuestionar demasiado, el mal comportamiento de la economía, confiando más en una nueva subida de los precios petroleros que en la necesidad de adoptar cambios internos que modificaran la gestión económica.

            Todo ese acrecentamiento del deterioro económico del país, surgió la figura de Hugo Chávez, quien democráticamente asumió el poder que implementó lo que ha llamado el socialismo del siglo XXI, pero que se basó prácticamente en un  proyecto político de consolidación del poder presidencial, por lo que su obra en materia económica resultó para muchos decepcionante. Firme creyente en las ideas de nacionalismo económico y redistribución de la riqueza, proclive a un populismo de tintes izquierdistas y frases altisonantes, Chávez, que se rodeó además de un equipo económico formado por marxistas y socialistas de todos los matices, no ha realizado hasta ahora ninguna obra de gobierno que haya impactado de manera significativa e la economía nacional y en su desarrollo.

Referencias

Azpurua, E. (2010).  Democracia y Libertad Económica en Venezuela.  Caracas, Universidad Central de Venezuela.

Flores, C. (2012). La Economía Nacional. Maturín, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

Fronjosa, E. (2010).  La Fatal Dependencia.  Caracas, Universidad Central de Venezuela.

Medina, M. (2012).  Cultura, Sociedad y Política Venezolana.

Pérez, H. (2011).  Estado, Economía y Sociedad en la Evolución Histórica de Venezuela y del Zulia.  Maracaibo, Universidad Rafael Urdaneta.

Rivas, R. (2010). Descentralización Política Económica y un Mismo Bolivarianismo.  Caracas, Universidad Central de Venezuela.

Sabino, C. (1999).  El Fracaso del Intervencionismo: Apertura y Libre Mercado en América Latina.  Caracas, Editorial Panapo.

Sanoja, M. (2010).  Historia Socio-Cultural de la Economía Venezolana. Caracas, Universidad Central de Venezuela.